El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Mendoza convalidó los acuerdos de juicio abreviado a los que arribaron la fiscalía y las defensas de 24 imputados que integraban una organización dedicada al contrabando de armas de fuego y municiones hacia Chile. El juez Héctor Fabián Cortés firmó la homologación el 3 de agosto pasado.

Las condenas, que en el máximo previsto llegan a seis años de prisión, abarcaron los delitos de asociación ilícita, tentativa de contrabando agravado, tenencia de armas de fuego y conductas vinculadas con estupefacientes. La red desplegó tareas entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, según reconstruyó la instrucción.

Los eslabones de la cadena

• Coordinadores de las operaciones transfronterizas.
• Acopiadores y encargados del traslado interno del armamento.
• Choferes de camiones que cruzaban a Chile con cargas declaradas y armas ocultas en las cabinas.
• Pasajeros de micros de larga distancia que transportaban pistolas y cargadores en el equipaje de mano o en bodega.
• Receptores de dinero enviado desde Chile a través de empresas de remesas, entre ellas Western Union.

La pesquisa acreditó dos vías de aprovisionamiento. La primera era el mercado legal argentino: algunos miembros contaban con credenciales de legítimo usuario que les permitían comprar armas en armerías para luego desviarlas al circuito ilegal. La segunda consistía en contactos directos en Brasil, desde donde se remitía material hacia la zona de frontera.

Para los envíos hasta la región cuyana, la organización utilizaba tanto camiones con carga declarada como micros comerciales. En el control de ruta 38, en el sur de Tucumán, Gendarmería detuvo en diciembre de 2023 un ómnibus con dos pasajeros chilenos que tenían antecedentes en su país. Llevaban ocho pistolas calibre 9 milímetros y 13 cargadores: uno tenía cinco armas adosadas al cuerpo y el otro ocultaba tres dentro de un bolso con ropa.

Secuestros y resoluciones pendientes

A lo largo de la investigación se incautaron 36 armas de fuego de distintas marcas y calibres, 32 cargadores, más de 2.000 municiones y varios accesorios. Además de los 24 condenados, otros cinco imputados accedieron a la suspensión de juicio a prueba por plazos de uno a dos años, y cuatro personas fueron sobreseídas porque el estupefaciente secuestrado fue encuadrado como destinado a consumo personal.

La causa fue instruida por la fiscalía federal mendocina y contó con intervenciones de Gendarmería Nacional y de la Policía de Investigaciones de Chile, que aportó información sobre los antecedentes de los compradores. Resta resolver la situación de un número reducido de expedientes conexos, en los que la fiscalía todavía analiza si corresponde formular cargos o dictar sobreseimientos. La próxima instancia será la lectura integral de los fundamentos de cada sentencia en el Tribunal Oral Federal Nº 2.