En la Argentina hay cerca de 21 millones de personas con acceso a crédito formal, una cifra sin precedentes para un país con la historia de inestabilidad financiera que arrastra el sistema local. De ese total, 5,8 millones registran algún grado de irregularidad crediticia y, dentro de ese universo, 2,4 millones tienen préstamos otorgados por fintech o billeteras digitales, lo que equivale al 16% del total de los créditos en mora de todo el sistema financiero, según los datos que la Cámara Argentina Fintech llevó esta semana a la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

Frente a ese volumen de incumplimiento, el sector difundió una cifra que busca instalar otra lectura del problema: el 90% de esos deudores ya cuenta con algún esquema de refinanciamiento, asistencia o alternativa de salida acordado con la empresa que le otorgó el crédito. El objetivo declarado es evitar que la deuda se transforme en una bola de nieve que termine expulsando a esas personas del sistema y, al mismo tiempo, permitirles seguir construyendo un historial crediticio que hoy, en muchos casos, directamente no tienen.

¿Quién pone la plata cuando una fintech presta?

La Cámara fue enfática en un punto que suele generar confusión: las fintech y las billeteras digitales no prestan el dinero de sus propios usuarios, una práctica que está terminantemente prohibida por la normativa vigente. Lo que hacen, en realidad, es tomar líneas de crédito de bancos o financiarse a través del mercado de capitales y, con esos fondos, otorgar préstamos a personas con poco o ningún historial previo, muchas veces sin garantías tradicionales como un recibo de sueldo formal o un inmueble a nombre del solicitante.

Esa combinación de mayor riesgo y fondeo más caro es la que explica, desde la mirada del sector, por qué las tasas que se publican terminan siendo tan altas. A eso se suma que buena parte de los créditos son de montos chicos y plazos cortos, lo que distorsiona todavía más la lectura cuando se anualizan los valores.

¿Por qué una TNA del 194% no significa devolver diez veces lo pedido?

El ejemplo que la Cámara puso sobre la mesa es el más gráfico: un préstamo de 100.000 pesos a 14 días implica un pago total de 109.000 pesos, de los cuales 7.400 corresponden a intereses y 1.600 a impuestos. El costo efectivo para ese período concreto es del 9%, una cifra razonable para un crédito de muy corto plazo. Ahora bien, cuando esa misma tasa se anualiza, la Tasa Nominal Anual trepa al 194%, la Tasa Efectiva Anual llega al 550% y el Costo Financiero Total Efectivo Anual, el indicador más completo, alcanza el 850%.

Eso no quiere decir que quien pidió 100.000 pesos termine devolviendo 950.000. Quiere decir que, si ese mismo crédito se renovara de manera sucesiva durante un año entero, el costo acumulado teórico sería ese. Por eso el sector insiste en que para conocer cuánto se paga de verdad hay que mirar juntos el monto solicitado, los intereses, los cargos y el plazo de devolución, y no quedarse con la foto de la tasa anualizada, que suele ser la que más impacta en los titulares y la que menos refleja la operación concreta.

¿Qué pasa con los que no entran en ningún plan?

La Cámara también marcó una diferencia que considera clave entre el crédito regulado y el informal. El primero ofrece contratos, supervisión, defensa del consumidor y canales de reclamo formales; el segundo puede dejar a las personas sin ninguna de esas redes de contención. Esa frontera es, a juicio del sector, uno de los motivos por los que conviene que el crédito digital siga creciendo dentro de la órbita regulada en lugar de empujar a los usuarios hacia prestamistas no registrados.

Aun con los números optimistas que exhibió el sector —el 90% de los deudores con plan de pago, dos millones y medio de personas integradas por primera vez al sistema—, lo que queda pendiente es la otra cara de la foto: cómo evolucionará esa mora en un contexto de inflación alta, caída del salario real y encarecimiento del fondeo bancario. Por ahora, la Cámara llegó a Diputados con la promesa de refinanciar y mostrar transparencia en las tasas. Falta que el Congreso avance en concretas que obliguen a mostrar el costo efectivo de cada crédito en el mismo lugar donde se lo publicita, y que los organismos de defensa del consumidor intensifiquen los controles sobre el segmento informal que, por ahora, sigue siendo el gran agujero negro del sistema.