¿Se puede regular la inteligencia artificial como se regulan las armas nucleares o los aviones? Bill Gates dice que sí, y esta semana publicó un documento donde propone crear un organismo supranacional con poder de auditoría sobre los sistemas de IA. La idea no es nueva en el debate, pero el fundador de Microsoft le puso nombre, apellido y plazos: el mes que viene quiere sentarse con Xi Jinping para tantear si China acepta restricciones conjuntas.

La propuesta toma tres modelos conocidos y los pega en una sola arquitectura. El primero es el régimen de inspecciones nucleares, con sus verificadores y sus sanciones. El segundo son los estándares de la aviación civil, esa ingeniería precisa que hace que un vuelo de Buenos Aires a Madrid sea tan seguro como uno de Madrid a Tokio. El tercero son los acuerdos que en los años ochenta frenaron el agujero de la capa de ozono, cuando países rivales se pusieron de acuerdo en algo que parecía imposible.

Una reunión clave con China, todavía sin confirmar

El equipo de Gates trabaja para cerrar un encuentro con el presidente chino previsto en principio para noviembre. No está confirmado, pero la lógica es clara: si Estados Unidos mueve primero y pone límites a ciertos modelos, Gates cree que China se sumará. Y a partir de ahí, según sus propias palabras, el resto del mundo acompañaría. Es el mismo razonamiento que funcionó con el protocolo de Montreal y el ozono: primero se alinean los dos gigantes, después arrastran al resto.

Qué debería vigilar ese organismo, según Gates

• Modelos con capacidad de diseñar moléculas o agentes biológicos, es decir, herramientas que puedan usarse para fabricar armas químicas o biológicas.
• Sistemas de uso dual en salud y ciencia: la supervisión se aplicaría solo a los escenarios de mayor riesgo, sin frenar investigaciones médicas legítimas.
• Aplicaciones de alto impacto social y laboral, donde el reemplazo de trabajadores humanos deje efectos masivos y difíciles de revertir.

El paquete económico: impuestos y cupos laborales

La propuesta no se queda en la auditoría técnica. Gates incluyó dos medidas de fuerte contenido económico. La primera es un impuesto sobre los ingresos de las empresas que sustituyan empleados con resultados generados por IA, con la idea de financiar redes de protección social. La segunda es más directa todavía: reservar hasta un 40 por ciento de los puestos de trabajo actuales para personas, en sectores donde el trato humano sea irreemplazable. Para ilustrarlo, Gates recurrió a un ejemplo personal: la atención que recibió su padre durante el Alzheimer, ese tipo de cuidado que ninguna máquina puede reemplazar.

“Es positivo que algunas empresas de IA estén proponiendo soluciones a los desafíos provocados por su propia tecnología, pero no deberíamos esperar que sean ellas quienes lideren el proceso.”Bill Gates

Con esa frase Gates marca la cancha frente a OpenAI, Google, Meta y compañía. Reconoce que las empresas aportan, pero advierte que hay problemas que exceden la mirada técnica de cualquier compañía, por poderosa que sea. Es el mismo razonamiento que se aplica a las farmacéuticas con los antibióticos o a los bancos con el sistema financiero: quien vende el producto no puede ser el único que decide cómo se regula. Gates dejó en claro que la arquitectura final tendrá que tener dientes: capacidad de inspección, criterios uniformes y algún mecanismo de sanción para los que no cumplan.

El documento no precisa si el organismo debería nacer de cero o si se reciclará uno existente, como el IAEA nuclear o la OACI de aviación civil. Tampoco está claro quién pagaría la estructura ni cómo se obligaría a adherir a países que, como China o Estados Unidos, suelen resistirse a ceder soberanía en temas sensibles. Son los agujeros conocidos de cualquier esquema supranacional. La diferencia es que esta vez la propuesta llega de alguien que construyó una de las empresas más poderosas del sector y que, justamente por eso, sabe dónde están los riesgos. Si te sirve, probalo: mirar el plan con la misma vara con la que mirarías una inspección de la OACI o un protocolo ambiental, y preguntarse si lo que se propone tiene la misma fuerza de cumplimiento. La respuesta, por ahora, es que no, pero el debate ya está instalado.