Cynthia Chamoles, de 44 años, compareció ante el fiscal Andrés Quintana para dar su versión sobre las acusaciones que pesan en su contra y contra su pareja, Carlos González, de 43. Ambos habían sido detenidos días atrás en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en el partido de Pilar.

La hipótesis de la indagada

En su declaración indagatoria, Chamoles atribuyó los incumplimientos a un desfasaje generado por compradores que adquirieron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar en el último período. Según lo que trascendió de su exposición, la mujer afirmó tener pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y sostuvo que el total de deudas a cobrar asciende a unos dos millones de dólares.

Entre los deudores que mencionó, Chamoles señaló a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial. Al respecto, declaró textualmente ante el fiscal: «Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó». También hizo referencia a una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente, cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez y hacer frente a los compromisos asumidos.

Víctimas identificadas en la causa

El expediente judicial identifica a varios damnificados. Entre ellos figura Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta. También aparece el diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.

• Cynthia Chamoles, de 44 años, indagada junto a su pareja Carlos González, de 43.
• Ambos fueron detenidos en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, Pilar.
• La causa registra al menos 35 damnificados, según el expediente.
• Chamoles mencionó un DJ de trayectoria cuya identidad está bajo reserva, con una deuda de 120.000 dólares por una Land Rover Evoque.
• También mencionó una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares, con embargo vigente.
• González describió un «descalce» financiero cercano a los seis millones de dólares y vinculó la crisis a una causa federal por desobediencia en una playa de exhibición no autorizada.

La versión de González y el origen del descalce

Por su parte, González describió en su propia indagatoria un descalce financiero cercano a los seis millones de dólares. Contó que la empresa creció desde un local en el Shopping Champagnat hasta una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, llegando a vender cien vehículos por mes. Atribuyó el inicio de la debacle a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada.

Según su relato, el juez federal de Campana ordenó el retiro de los vehículos; cuando la concesionaria volvió a ocupar el espacio, el magistrado dispuso el secuestro de nueve unidades y procesó a González por desobediencia. De acuerdo con el expediente, al menos 35 personas resultaron damnificadas por la operatoria de la concesionaria Autos Pilar Premium, cuya titular permanece detenida junto a su socia a la espera de las próximas instancias procesales.