La caída de Musimundo ya tiene sello judicial y firme. El 2 de septiembre de 2026, el Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia revocó el concurso preventivo que la controlante Carsa S.A. había conseguido apenas dos meses antes y declaró su quiebra, en una resolución que vuelve a poner en el centro de la escena a una de las cadenas de electrodomésticos con mayor presencia histórica del país.

La firma había entrado en concurso en julio pasado con el declarado propósito de reorganizar obligaciones que, según el expediente, terminaron confirmadas en 63.500 millones de pesos de deuda concursal. La cifra resulta elocuente si se la compara con los registros de la propia compañía: en 2018, Carsa ya había recurrido al mismo recurso con un pasivo declarado de 900 millones de pesos, una magnitud que ilustra la profundidad del deterioro acumulado en menos de una década.

¿Por qué la Justicia dio por terminado el concurso y decretó la quiebra?

El tribunal fundó la decisión en la concurrencia de hechos reveladores del estado de cesación de pagos, en los términos del artículo 79, inciso 4°, de la Ley de Concursos y Quiebras. En la práctica, lo que la Justicia evaluó fue que la empresa ya no estaba en condiciones de sostener un cronograma de pagos ni un plan de reactivación creíble, y resolvió en consecuencia.

¿Qué pasó en las sucursales del norte antes del derrumbe?

En los meses previos a la presentación concursal, Musimundo había cerrado veinte locales distribuidos entre Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, es decir, la totalidad de su red en el nordeste argentino. La empresa describió a esos puntos como sucursales duplicadas en plazas donde la marca ya tenía más de un local. Allegados a la sociedad, en cambio, vincularon los cierres con la retracción de ventas y estimaron en más de cien los puestos de trabajo directamente afectados por esas bajas.

¿Qué hubo detrás de la venta de 45 locales que nunca se cerró?

En paralelo al concurso, la compañía negoció la venta de 45 sucursales a los dueños de On City, la cadena surgida del recambio de marca de Electrónica Megatone. La operación no prosperó y el directorio aprobó el 26 de agosto un plan de reducción de estructura que la sindicatura tomó en cuenta antes de que el juez firmara la quiebra. Es decir, la propia empresa ya había admitido internamente que el esquema anterior no resultaba viable y, aun así, la Justicia entendió que no había margen para una salida ordenada.

¿Quiénes son los principales acreedores y cómo sigue el expediente?

A fines de mayo de 2026, los pasivos bancarios de Carsa rondaban los 3.060 millones de pesos, con el Banco Nación como acreedor más expuesto, por alrededor de 1.549 millones. El expediente, ahora recaratulado como CARSA S.A. s/ Quiebra, continuará bajo la intervención del Estudio Contable Benítez en su rol de sindicatura. Los acreedores podrán presentar pedidos de verificación de créditos hasta el 6 de noviembre de 2026; el informe individual está previsto para el 30 de marzo de 2027 y el informe general para el 25 de junio de 2027.

¿Qué falta hacer para dimensionar el impacto sobre los trabajadores y sobre el mercado?

La resolución judicial deja dos frentes abiertos que todavía no tienen respuesta concreta. Por un lado, el destino de los empleados de las veinte sucursales cerradas en el nordeste, cuya situación laboral quedó a merced del avance del proceso falencial y de las eventuales readmisiones o indemnizaciones que puedan negociarse con los compradores o con la propia sindicatura. Por el otro, el rol que deberán ocupar competidores como Frávega, Coto Hogar o las cadenas regionales en plazas donde Musimundo era, hasta hace poco, una referencia ineludible del consumo electrónico. Sin definiciones sobre la masa de créditos verificados y sin un plan de continuidad operativo para los locales que aún funcionan, la quiebra de Carsa parece ser apenas el comienzo formal de un ajuste que el sector de electrodomésticos venía anticipando desde hace al menos dos ejercicios.