La jueza federal María Servini dictó el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins, de 77 años y exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), por el delito de lavado de activos. La resolución también dispone un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos en el marco de una causa que investiga operaciones con fondos presuntamente vinculados a la explotación sexual de mujeres.

Martins había sido detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún. Su arribo al país permitió reactivar el expediente, que se encontraba abierto desde el 6 de marzo de 2013, cuando una denuncia anónima presentada ante el Ministerio de Seguridad advirtió sobre una posible explotación sexual de menores en un local de la avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre.

La postura de la defensa

Durante la indagatoria, el exespía optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió su sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Según su planteo, las 26 operaciones que le atribuyen —compras de propiedades y administración de sociedades— se concentraron entre 2009 y 2012, es decir, antes del período que la Justicia considera firme para el delito de explotación sexual: de enero de 2013 a octubre de 2014.

La defensa añadió que la condena anterior se refería exclusivamente al local de Villa General Mitre y sostuvo que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas. Esa línea argumental fue el eje central del descargo.

El criterio de la magistrada

Servini rechazó esos planteos. En su resolución, la jueza sostuvo que una sociedad creada con anterioridad al hecho investigado puede ser utilizada luego para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no alcanza para descartar las maniobras.

La magistrada evaluó de manera conjunta la participación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares. Concluyó que Martins habría conservado el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final.

Datos clave del expediente

• Carátula: lavado de activos en el marco de una causa por explotación sexual.
• Juzgado: a cargo de la jueza federal María Servini.
• Fiscalía: intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación (según lo informado por fuentes del caso).
• Imputado: Raúl Martins, exagente de la SIDE, 77 años.
• Embargo: 300 millones de pesos sobre los bienes del procesado.
• Hecho original: denuncia anónima del 6 de marzo de 2013.
• Detención: 2019 en México; traslado desde Cancún a la Argentina.

De acuerdo con lo que trascendió en tribunales, la defensa ya adelantó que cuestionará la resolución ante la Cámara de Apelaciones. La próxima instancia procesal será la confirmación o el rechazo del procesamiento con prisión preventiva en la Alzada.