Córdoba: meses de espera para acceder al certificado de discapacidad y a las prestaciones que vienen después

Son las nueve de la mañana en un hospital público de la ciudad de Córdoba y María, como prefiere que la llamen mientras conversa con este portal, lleva su DNI y la historia clínica de su hijo en una carpeta celeste. Hace dos años que ella y su marido sostienen con dinero propio las sesiones de fonoaudiología y kinesiología que el nudo del sistema de salud público no logra cubrir en tiempo y forma. "Entre terapias, transporte y apoyos escolares estoy pagando entre 150 y 180 mil pesos por mes sólo en sesiones, después de haber bancado la atención particular durante casi dos años", cuenta mientras mira el reloj del pasillo, porque todavía tiene que pedir un turno nuevo en la junta evaluadora. La escena se repite, con nombres y cifras distintas, en casi todo el documento que la Defensoría del Pueblo de Córdoba presentó el 5 de octubre de 2026 y que describe un cuadro de demoras, sobrecostos y sobrecarga de cuidados que golpea a las familias con algún integrante con discapacidad.

Conseguir el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que es la llave que abre la mayoría de las prestaciones obligatorias por ley, puede transformarse en una carrera de obstáculos. La Defensoría relevó que en la Ciudad de Córdoba funcionan juntas evaluadoras en siete hospitales, dos de ellos pediátricos, y que en esos nosocomios las citas se otorgan con esperas de dos a tres meses, un dato que se repite en los testimonios recogidos por el equipo que elaboró el informe. A esa primera espera se suman las dificultades para conseguir consultas con los especialistas que deben completar la documentación, con lo cual el trámite se estira más allá de los plazos formales.

Qué dicen los plazos para cada prestación

Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto a cargo del relevamiento, le puso números a la demora y describió un escenario con tiempos distintos según el servicio que se necesite. Para acceder a prótesis y medicamentos, el informe consigna esperas de cuatro a nueve meses. Para entrar a centros de rehabilitación, los plazos se estiran de nueve a catorce meses. Son períodos que describió el documento elaborado con entrevistas y grupos focales, por lo que reflejan experiencias de las personas consultadas y no una medición estadística de todos los trámites que se realizan en la provincia.

“Las esperas van de cuatro a nueve meses para prótesis y medicamentos, y de nueve a catorce meses para los centros de rehabilitación. Son plazos que describen experiencias y no permiten anticipar cuánto va a demorar cada trámite particular.”Carlos Galoppo, defensor del Pueblo adjunto

Mientras tanto, las familias van tapando los baches como pueden. El relevamiento describe que, en muchos casos, los gastos de bolsillo se concentran en terapias, transporte y apoyos escolares, tres rubros que pueden insumir buena parte del ingreso mensual de un hogar. También subraya que la carga de los cuidados recae con más peso sobre las mujeres: hay madres que relatan haber reducido su jornada laboral y resignado ingresos para acompañar a sus hijos en los traslados y en las prácticas diarias. María forma parte de ese universo: dejó de hacer horas extras para poder llevarla a la rehabilitación.

Los prestadores también están en rojo

El cuadro no se queda en la demanda. Del otro lado de la ventanilla, los centros y profesionales que brindan las prestaciones también enfrentan dificultades. El informe registra atrasos de varios meses y hasta un año en los pagos que deben girar las obras sociales y los programas estatales. Entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, los aranceles del nomenclador nacional subieron un 225% promedio, mientras la inflación acumulada en ese período fue del 336%, una diferencia que licuó los ingresos del sector y puso en jaque la continuidad de muchos servicios.

De vuelta en el pasillo del hospital, María se acomoda la cartera y mira una vez más la pantalla del teléfono. Tiene la cita para la evaluación de su hijo dentro de tres meses, una rehabilitación que empezará quién sabe cuándo y un grupo familiar que se reorganiza alrededor de los tiempos que imponen las instituciones. "Yo no le pido nada mágico al Estado, le pido que no tenga que esperar tanto", dice antes de irse. Es, palabra más palabra menos, lo que repite el informe de la Defensoría del Pueblo: que detrás de cada trámite demorado hay una persona que se está arreglando como puede mientras el sistema se acomoda.