Dieciocho inversores llevan a la Justicia a Hernán Casciari y acusan un esquema de "retornos mínimos" en siete proyectos audiovisuales

"Encima de que no se promocionó ni se supo más nunca qué pasó con eso, la suben gratis sin avisar". La frase es de María Alecia Izturriaga, una de las dieciocho personas que pusieron su plata en proyectos audiovisuales de Hernán Casciari y que, hartas de esperar explicaciones, decidieron dar el paso más formal que existe en la Argentina cuando un ciudadano entiende que fue estafado: la denuncia penal. Lo hicieron ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, a través del abogado Ariel Gil Ces, y la causa quedó radicada en la Fiscalía N.º 16.

El escrito judicial apunta contra Casciari y contra su empresa Orsai Audiovisuales, y sostiene que entre 2020 y 2024 se ofrecieron al público siete producciones bajo una lógica de "participaciones": cada inversor compraba bonos, y la promesa —explícita o implícita— era recuperar el capital con algún retorno una vez que la obra se explotara comercialmente. La denuncia agrega que esas participaciones suman, en total, unas 23.640, aunque aclara que la cifra no equivale a personas únicas: varios de los denunciantes compraron bonos en más de una producción. Los aportes individuales iban de 50 a 3.000 dólares por proyecto.

Siete proyectos, un mismo patrón

El caso tiene una arquitectura llamativa, porque no se trata de un filme puntual que salió mal, sino de toda una línea de trabajo del escritor y su productora. La denuncia enumera siete títulos, entre los que se cuentan obras de gran visibilidad como La Uruguaya y La Muerte de un Comediante, y otros más modestos como Sola en el Paraíso o Canelones. La mecánica, según relatan los denunciantes, se repitió en casi todos: apertura de bonos, recaudación más o menos exitosa, y luego un goteo de devoluciones tan bajo que, dicen, ni siquiera alcanza a compensar lo invertido ajustado por inflación.

Del banco de un futbolista a Disney: cómo se movió la plata

El segundo proyecto de la lista es La Uruguaya, la película basada en la novela de Pedro Mairal, que habría juntado alrededor de 600.000 dólares a través de 1.967 participaciones. La particularidad más fuerte del caso es que, para recibir ese dinero, se usó la cuenta bancaria personal del futbolista uruguayo Sebastián Fernández en el Banco Santander de Uruguay: el jugador, según consta en la denuncia, prestó su cuenta como puente para la operatoria. La película terminó siendo vendida a Disney, pero los denunciantes señalan que la operación fue al mismo precio que costó producirla, lo que permitió —como mucho— recuperar el capital, sin rentabilidad.

“Cuando los actores elegidos fueron actores reconocidos como Barassi, Rada, Llinás y Bordón, no tuve dudas del éxito de la serie.”Marcelo Vaccarili, inversor de "Canelones"

Vaccarili aportó 1.200 dólares en Canelones, un proyecto que desde 2021 reúne 5.495 participaciones y cuya forma fue mutando con el paso del tiempo: se anunció primero como miniserie de seis capítulos, después se redujo a cuatro episodios y, finalmente, se convirtió en una película, sin que los inversores recibieran —según el escrito— rendiciones económicas diferenciadas por cada etapa. El estreno en cines está anunciado para el 6 de agosto de 2026.

La punta del iceberg: La Muerte de un Comediante

De todos los títulos involucrados, el que más adhesiones cosechó entre los denunciantes es La Muerte de un Comediante, la ópera prima de Diego Peretti como director, que reunió 10.139 participaciones y, según la denuncia, una recaudación superior a 1.800.000 dólares. Los retornos que reportan haber recibido los inversores van, en este caso, de 1 a 84,60 dólares, una cifra que vuelve a poner en primer plano el reclamo central: aportes de cuatro cifras y devoluciones de dos. Sebastián Angelini, que invirtió 2.900 dólares, declaró en el expediente que su objetivo era usar las ganancias esperadas para abrir un negocio propio. En noviembre de 2025, durante el estreno, la película además se proyectó sin subtítulos en varias salas y con público escaso, un dato que los denunciantes incorporan como parte del cuadro y que, leído con generosidad, describe una película con problemas de distribución que parecen haber sido ajenos a la voluntad de los inversores. Por ahora, la causa quedó en manos de la Justicia porteña, y la expectativa de los denunciantes es que se investigue no sólo el destino de los fondos sino la conducta del responsable de Orsai Audiovisuales a la hora de comunicarles qué pasaba con su dinero. Mi recomendación, si te interesa el tema, es leer la denuncia completa cuando se haga pública en los próximos días: es uno de esos expedientes que, más allá de cómo termine, ya funciona como radiografía de un modelo de financiamiento colectivo que en la Argentina operó durante años con muy pocos controles.