Dos imputados por la muerte de un ñandú en un campo de Pergamino y una disputa legal que deberá zanjar la Cámara

La muerte de un ñandú en un establecimiento rural de Pergamino quedó bajo investigación judicial con dos hombres imputados y una diferencia de criterio entre el fiscal y el juez sobre la calificación legal del hecho. La Cámara de Apelaciones en lo Penal del departamento judicial deberá resolver esa discrepancia y definir cómo se encuadra la causa.

Según confirmaron fuentes de la investigación, el fiscal Nelson Mastorchio solicitó las detenciones de Matías Matkovic, de 25 años, y Rubén Nahuel Martínez, de 31, bajo la figura de robo en despoblado. El juez de Garantías N.º 2, Julio Caturla, rechazó los pedidos. Consideró que correspondía investigar una violación de domicilio y daño, en concurso ideal con actos de crueldad animal previstos en la Ley 14.346.

Los hechos y la denuncia

La investigación apunta al ingreso de los acusados al campo El Tauro, en la zona de La Violeta, cerca de la ruta provincial 51. El establecimiento tiene 360 hectáreas y cuenta con carteles que prohíben la caza. Allí, el 30 de agosto, dos galgos fueron utilizados para cazar al ñandú, que luego fue faenado.

El encargado del lugar, Raúl Antonio Fleitas, denunció lo ocurrido después de recibir videos y fotografías que habían circulado por WhatsApp. Según trascendió, llevaba varios días buscando al animal cuando le avisaron de su muerte. Después llamó a uno de los involucrados y le anticipó que acudiría a la Justicia.

• En los allanamientos en los predios de los imputados, efectivos de la Patrulla Rural de Pergamino hallaron restos del ñandú.
• Se secuestraron cuchillos y teléfonos celulares, cuyo contenido será periciado.
• Mastorchio también solicitó la intervención de la Justicia Federal de San Nicolás por la ley de protección de la fauna silvestre.
• El animal, apodado "El Loco", había nacido el 18 de enero de 2023 a partir de un huevo incubado por el propio encargado y vivía suelto en el campo, donde regresaba al casco para dormir.

La causa continúa en trámite y la calificación legal quedó pendiente de resolución por parte de la Cámara de Apelaciones, la próxima instancia procesal que deberá pronunciarse sobre la diferencia planteada entre el Ministerio Público Fiscal y el juzgado de Garantías.