El Gobierno extendió hasta 2027 el régimen que compatibiliza empleo agrario temporario y planes sociales

Rodrigo Iriarte, Economía.- El INDEC venía registrando, en sus informes de mercado de trabajo, la persistencia de un dilema característico de las economías regionales: para miles de familias rurales del interior del país, el inicio de cada temporada de cosecha imponía una decisión difícil entre aceptar un puesto registrado en una campaña agrícola y arriesgar la pérdida de los planes sociales que sostienen el ingreso del hogar durante el resto del año, o bien rechazar la oferta de empleo formal para preservar la red de asistencia. Un régimen vigente desde 2021 vino a resolver esa disyuntiva, y acaba de ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional hasta el 1 de septiembre de 2027 mediante el Decreto 1204/2026, publicado esta semana en el Boletín Oficial.

La norma aplica a las modalidades de empleo temporario y permanente discontinuo previstas en la Ley de Trabajo Agrario, así como a las tareas agropecuarias encuadradas en contratos eventuales y a los trabajadores comprendidos en Convenios de Corresponsabilidad Gremial (acuerdos que permiten que las partes del sector agropecuario administren de manera conjunta los aportes y contribuciones a la seguridad social). En la práctica, el trabajador que ingresa a una campaña agrícola bajo esas modalidades no pierde, por ese solo hecho, los beneficios sociales que percibe.

Qué beneficios se pueden conservar

• Las asignaciones familiares correspondientes al trabajador y a su grupo familiar.
• La Tarjeta Alimentar (beneficio destinado a la compra de alimentos para hogares con menores de edad).
• El programa Volver al Trabajo, según la situación particular de cada beneficiario.

Un punto especialmente relevante para el ingreso de los hogares es que las asignaciones familiares abonadas durante estos contratos no pueden ser inferiores al cien por ciento del valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que fija un piso mínimo de ingresos para las familias con hijos, independientemente de la duración efectiva de la temporada de trabajo.

El régimen contempla, además, una cláusula de transición hacia el empleo formal pleno: cuando la relación laboral bajo estas modalidades se extiende de manera continua por más de seis meses, determinados beneficios monetarios de programas sociales pasan a computarse como parte integrante del salario, con la excepción de la Tarjeta Alimentar, que mantiene su carácter. El esquema también prevé una reducción de las contribuciones patronales (los aportes que los empleadores deben ingresar al sistema de seguridad social) para los empleadores que contraten bajo estas modalidades, con el propósito declarado de incentivar la registración laboral en el sector agropecuario.

Según datos oficiales, alrededor de 50.000 trabajadores se encuentran alcanzados por la medida, a los que se suman unos 83.000 hijos de aportantes que perciben las asignaciones familiares a través de este mecanismo. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había advertido, antes de la renovación, que unos 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país por la incertidumbre que generaba la demora en la confirmación de la continuidad del régimen.

“La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental para sostener el empleo registrado en las economías regionales.”UATRE

De cara a lo que el mercado espera, la prórroga introduce un horizonte de previsibilidad de doce meses para los empleadores agropecuarios, que suelen planificar las campañas con varios meses de anticipación, y despeja una de las principales objeciones que las entidades del sector venían planteando respecto de la estacionalidad de la mano de obra rural. La coexistencia entre empleo registrado y asistencia social, eje central del esquema, queda de ese modo asegurada, en los términos del decreto, hasta después del cierre de las próximas campañas gruesas y finas.