El operativo que mueve a 1.500 presos de Devoto a Marcos Paz arrancó en medio de cuestionamientos judiciales

El domingo se puso en marcha el operativo para vaciar el penal de Villa Devoto. La meta es trasladar a los 1.500 detenidos que aún quedan allí hacia el flamante Complejo Penitenciario Federal VIII, ubicado en el partido bonaerense de Marcos Paz. En la primera jornada, según datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, se movilizaron 326 internos. El lunes siguió la segunda etapa de los traslados.

La maniobra está a cargo de un Comando Unificado integrado por cinco fuerzas federales, con coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El dispositivo cubre la custodia de los internos, la vigilancia de los establecimientos y los corredores viales, y la protección del personal afectado y de la población civil a lo largo del recorrido.

Una obra con idas y vueltas

El nuevo establecimiento fue habilitado tras la firma del acta de recepción provisoria entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Se levanta sobre un predio de 80 hectáreas y dispone de cuatro unidades de máxima seguridad con capacidad para 2.232 detenidos. El proyecto original data de 2018, quedó paralizado en 2020 y se reactivó en diciembre de 2024, lo que permitió su culminación.

Los cuestionamientos de la Procuración Penitenciaria

La Procuración Penitenciaria de la Nación calificó al traslado como "intempestivo" y sostuvo que la falta de información oficial dificultó su tarea de contención con las familias. En un comunicado, señaló: "Hacer un balance en este momento resulta prematuro, ya que ni siquiera contamos con el listado oficial consolidado de las personas trasladadas". Ante esa situación, presentó un hábeas corpus y la Justicia convocó a una audiencia para tratar el procedimiento. La Procuración aclaró que, tras ingresar al penal de Marcos Paz y mantener llamadas de los detenidos con sus familiares, no se constataron actos de violencia.

El reclamo por la educación universitaria

El organismo alertó además por la situación del Centro Universitario Devoto (CUD), una experiencia de cuarenta años de educación en contexto de encierro. La Procuración advirtió que el desplazamiento "pone en riesgo directo su continuidad académica y el derecho a la educación". En esa línea también se pronunció el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que cuestionó que el operativo no haya garantizado previamente la continuidad de los estudios universitarios.

La carátula de la presentación aún no fue confirmada oficialmente, pero la causa quedó en manos del juez que convocó a la audiencia. La próxima instancia será esa audiencia judicial, donde se analizará el procedimiento del traslado y la situación de los detenidos. Por ahora, no se descarta que la Justicia pueda expedirse sobre la continuidad o la suspensión del operativo.