Las jubilaciones y pensiones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se actualizarán en octubre un 1,65%, porcentaje que surge de aplicar la fórmula de movilidad vigente a la inflación de agosto, que el INDEC relevó en 1,7%, con un acumulado del 21,3% en los primeros ocho meses del año y del 33,5% en los últimos doce. El mecanismo toma como referencia la variación de precios de dos meses antes para fijar el ajuste de cada período y, por su carácter automático, no requiere una decisión adicional del Poder Ejecutivo, una arquitectura que en la práctica congela el debate político sobre los haberes en la órbita técnica del INDEC.

Con el incremento aplicado, la jubilación mínima pasará a $435.662,86. Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 —variable todavía abierta para octubre—, el ingreso total para quienes cobran ese piso llegará a $505.662,86. Ese complemento, que permanece en el mismo valor nominal desde marzo de 2024, no se incorpora al haber ni entra en el cálculo del aguinaldo, lo que produce un desfasaje creciente: mientras la movilidad mensual se actualiza por inflación, el refuerzo permanece fijo, de modo que el porcentaje de aumento efectivo para los beneficiarios de menores ingresos resulta sistemáticamente inferior al que indica la fórmula oficial.

¿Qué pasa en el extremo superior del sistema?

En el otro extremo de la pirámide previsional, el haber máximo quedará en $2.932.174. A diferencia de lo que ocurre con la mínima, ese monto no incluye refuerzo extraordinario de ningún tipo, una asimetría que refleja la decisión de concentrar el esfuerzo fiscal en los estratos más bajos del SIPA y deja al tope abierto a la dinámica automática que deriva del IPC. La distancia entre el piso y el techo alcanza así una proporción de casi 6,7 veces, un ratio que se mantiene desde la reforma de la movilidad pero que, en términos reales, se modula según el comportamiento de los precios.

El universo que recibe el complemento por estar en el piso incluye a cerca de tres millones de personas dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). A esa cifra se suman alrededor de 1,5 millón de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas, que también forman parte del esquema de refuerzos. La PUAM llegará a $348.530,28, mientras que las Pensiones No Contributivas se ubicarán en $304.965,61. La Pensión Madre de 7 Hijos, en tanto, tomará como referencia el valor de la mínima, fijado en $435.662,86.

¿Cuánto cobrarán las asignaciones familiares y la AUH?

El ajuste alcanza también a las asignaciones que paga la Anses por fuera del régimen previsional. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará en $156.552,29, en tanto que la AUH por Discapacidad alcanzará $509.748,28, un monto que supera con holgura la jubilación mínima con bono y que coloca a esa prestación como una de las más elevadas dentro del universo de transferencias condicionadas, pese a que la cobertura sigue dependiendo de la acreditación formal ante el organismo.

• Jubilación mínima: $435.662,86 (con bono de $70.000, total de $505.662,86).
• Haber máximo previsional: $2.932.174, sin complemento.
• PUAM: $348.530,28.
• Pensiones No Contributivas: $304.965,61.
• Pensión Madre de 7 Hijos: $435.662,86.
• AUH: $156.552,29; AUH por Discapacidad: $509.748,28.

¿Qué falta definir para que el aumento impacte en los bolsillos?

La continuidad del bono de $70.000 es la variable todavía abierta y, a diferencia de la movilidad mensual, que se activa de manera automática con el dato de inflación, el complemento requiere una definición específica para cada período, por lo que su confirmación o su eventual reemplazo por otra herramienta quedará atada a una decisión política del Gobierno nacional. En ese punto se concentra la discusión más sensible: mientras la fórmula garantiza un piso de ajuste por IPC, el refuerzo determina cuánto mejora efectivamente el ingreso de los hogares que dependen de la jubilación mínima, y su eventual modificación —por suba, mantenimiento o reemplazo— redefine mes a mes el poder de compra de cerca de 4,5 millones de personas entre jubilados del SIPA, beneficiarios de la PUAM y titulares de pensiones no contributivas, un universo que, aun con los nuevos valores, quedará muy por debajo de la línea de pobreza que miden las consultoras privadas y que el propio INDEC difundirá en las próximas semanas.