El primer dato que surge del informe del Grupo de Estudios de Economistas Geres es contundente: si se aplicaran íntegramente los ajustes impositivos que están pendientes, la nafta súper pasaría de los 2.085 pesos por litro que toma el trabajo como referencia en el Gran Buenos Aires a unos 2.318 pesos, lo que representa un incremento del 11,2 por ciento y una diferencia de bolsillo cercana a los 233 pesos por cada litro cargado en el surtidor.

El gasoil grado 3, en tanto, subiría de 2.375 a 2.477 pesos por litro, equivalente a una variación del 4,3 por ciento y a unos 102 pesos adicionales por unidad. Para dimensionar el golpe, el trabajo calculó que completar un tanque con nafta súper costaría cerca de 11.600 pesos más, mientras que en el caso del gasoil el sobrecosto rondaría los 5.100 pesos. Son cifras que describen un escenario posible y no una modificación de precios ya confirmada por las petroleras ni por el Gobierno nacional.

¿Por qué la nafta súper debería subir mucho más que el gasoil?

La respuesta está en los montos impositivos que cada combustible arrastra sin actualizar. En la nafta súper, el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono suman hoy 411,45 pesos por litro en el esquema considerado por el estudio, pero si se aplicara la actualización completa por el índice de precios al consumidor treparían a 676,44 pesos, lo que explica la mayor parte de la brecha.

En el gasoil grado 3, en cambio, la diferencia impositiva inicial es bastante más chica, de 110,26 pesos por litro, y se reduce todavía más al incorporar el efecto de los biocombustibles, hasta quedar en 101,99 pesos. Esa disparidad en la carga pendiente es la que termina marcando la diferencia entre un aumento proyectado del 11,2 por ciento y otro del 4,3 por ciento.

El cálculo, elaborado con datos de ARCA y de la Secretaría de Energía, contempla además la participación de los biocombustibles en la mezcla, un factor que modera el traslado final al consumidor. Aun así, la magnitud del salto previsto para la nafta súper vuelve a abrir el debate sobre cómo se distribuye el peso de los tributos en el precio final y sobre qué parte de esa carga están dispuestos a absorber las empresas y qué parte terminan pagando los automovilistas en el surtidor.

¿Qué falta para que esos precios lleguen a las estaciones de servicio?

• Que el Gobierno concrete la actualización de los impuestos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono que están pendientes, un paso que viene demorándose y que es la llave de todo el esquema.
• Que las petroleras decidan trasladar íntegramente esa carga al precio de venta al público, ya que cualquier absorción parcial achicaría el aumento final que vería el consumidor.
• Que se confirme o se descarte la actualización por inflación de los tributos, una decisión que hasta ahora no tiene fecha firme y que mantiene el escenario en el terreno de lo hipotético.

Por ahora, el informe de Geres funciona como una alerta técnica sobre el costo fiscal escondido que tiene postergar los ajustes en los impuestos a los combustibles, sobre todo en un contexto de precios relativos que ya viene tensionado por la volatilidad del dólar y por los acuerdos de Precios Justos en el sector energético. La pregunta de fondo es si el Ejecutivo va a seguir utilizando la suspensión de los tributos como ancla antiinflacionaria o si, tarde o temprano, ese impositivo terminará recalentando los surtidores y, con ellos, el presupuesto de las familias que usan el auto para trabajar o para moverse en la vida cotidiana.