Pandanés quedó al borde de la quiebra con 25 sucursales cerradas, 150 trabajadores afuera y una planta industrial sobredimensionada que pesa más que el negocio

La cadena de panaderías Pandanés cerró sus 25 sucursales del área metropolitana, dejó en la calle a 150 trabajadores y ahora pelea por sobrevivir bajo un procedimiento de salvataje ordenado por la Justicia, luego de que la propia empresa reconociera una caída del consumo superior al 50% de su volumen histórico, un encarecimiento sostenido de los insumos clave como la harina y un nivel de costos fijos que se volvió imposible de sostener con la nueva escala de locales. En el expediente, además, quedó acreditada una cesación de pagos que se arrastra desde octubre de 2025, un dato que ubica el inicio del colapso financiero bastante antes de la última oleada de cierres.

El cuadro se completa con un pasivo que, al momento del concurso preventivo, rondaba los 1.200 millones de pesos, y con una planta industrial de 1.778 metros cuadrados inaugurada en noviembre de 2022, cuando el negocio crecía y estaba dimensionada para abastecer hasta 50 locales propios. La consecuencia fue tan lógica como demoledora: con las persianas bajas en toda la red, la capacidad instalada quedó varias veces por encima de la necesaria, mientras alquileres, energía y personal siguieron pesando como si las panaderías estuvieran abiertas.

Qué dice la empresa y qué dice el expediente

En su descargo ante el Juzgado Comercial N.º 15, la compañía argumentó que la combinación de menor ventas, suba internacional de los granos, aumento de salarios por paritarias y presión tributaria fue demasiado para el negocio. La gerente Lise Lundme Funch sostuvo que esos factores provocaron, en sus palabras, "un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos", al tiempo que la firma aseguró haber intentado renegociar alquileres, cambiar proveedores y alcanzar acuerdos con el fisco, aunque sin éxito.

“Esos factores provocaron un progresivo e irreversible deterioro de los márgenes y del flujo de fondos.”Lise Lundme Funch, gerente de Pandanés

Sin embargo, la sindicatura sumó un elemento que complica esa lectura. Según consta en el expediente, la empresa no habría acreditado el pago de aportes a la obra social, a la ART y a los aportes y contribuciones correspondientes al personal en relación de dependencia, un punto sensible porque golpea de lleno sobre los mismos trabajadores que la compañía dice haber buscado proteger cuando lanzó el procedimiento de salvataje.

Por qué la Justicia frenó la quiebra y abrió un salvataje

El juez Pablo Frick rechazó el pedido de quiebra directo y, en lugar de eso, ordenó abrir un registro de cinco días para que acreedores, cooperativas o terceros interesados puedan inscribirse con el objetivo de presentar propuestas de acuerdo preventivo o de adquirir las cuotas sociales de la firma. La decisión se apoyó en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece que el salvataje debe agotarse antes de declarar la quiebra cuando se cumplen los requisitos legales, lo que en la práctica significa que todavía hay una ventana formal para intentar rearmar el negocio.

Qué les falta a los trabajadores y qué falta para que el caso se destrabe

• Los 150 empleados fueron notificados de su desvinculación por WhatsApp y, hasta ahora, no recibieron los telegramas de despido formales, lo que traba el inicio del cobro de indemnizaciones y de la cobertura social.
• Los exempleados tampoco pueden retirar sus pertenencias de los locales cerrados, una situación que mantiene la incertidumbre sobre el destino de herramientas, uniformes y efectos personales.
• El registro abierto por el Juzgado Comercial N.º 15 corre por cinco días hábiles, por lo que cualquier propuesta de rescate —de acreedores, cooperativas o inversores— debe presentarse en ese plazo para evitar que el expediente avance hacia la quiebra.
• La empresa deberá acreditar ante la sindicatura el pago de aportes a obra social, ART y contribuciones patronales, una deuda que hasta ahora no fue respaldada con documentación.
• La planta industrial de 1.778 metros cuadrados, pensada para 50 locales, seguirá siendo el punto crítico: cualquier plan de salvataje tendrá que resolver qué hacer con una capacidad instalada varias veces superior a la demanda actual.

Por ahora, el caso expone la tensión entre dos lecturas difíciles de compatibilizar: la de una empresa que dice haber agotado las herramientas internas para sobrevivir y la de una Justicia que, en lugar de aceptar el cierre definitivo, eligió abrir un salvataje para preservar fuentes de trabajo y, de paso, tentar a quien quiera quedarse con el negocio. Para los 150 trabajadores, mientras tanto, la definición llegará después: primero falta que la compañía complete los despidos formales, regularice la documentación laboral y permita retirar sus pertenencias de los locales, y recién después el expediente podrá avanzar hacia una resolución que, vía cooperativa, acuerdo con acreedores o, en el peor de los escenarios, quiebra efectiva, defina el futuro de una marca que durante años fue parte de la vida cotidiana en el área metropolitana.

El desafío inmediato es de gestión y de tiempo: en cinco días hábiles el juzgado espera propuestas concretas para evitar la quiebra, los trabajadores aguardan sus telegramas y la empresa debe demostrar que puede cumplir con sus obligaciones laborales, en un contexto donde el consumo sigue retraído y los costos de la harina y la energía no dan señales de aflojar.