El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar del cargo, con carácter preventivo, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba en uso de licencia por disposición de la Suprema Corte provincial.

El origen de la denuncia

El expediente se remonta a julio de 2025, cuando una funcionaria que trabajaba en esa cámara radicó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su presentación describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. La denunciante acompañó la presentación con chats y audios como respaldo probatorio.

Las seis imputaciones del Ministerio Público Fiscal

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, mediante descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio personal.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su posición institucional con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos para evitar declaraciones en su contra.
• Delegación irregular de su firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

A partir de la denuncia se abrió un sumario administrativo y una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, lo que dio inicio formal al trámite del jury. Trascendió que luego se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

El jurado está presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se completa con conjueces abogados y conjueces legisladores. El proceso avanza ahora con el análisis de los cargos formulados y la producción y valoración de la prueba, de cara a las próximas instancias del procedimiento de enjuiciamiento.