La sala del Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín leyó este mediodía un veredicto que cerró el capítulo judicial más extenso del caso Templo Filadelfia. Veintisiete personas fueron declaradas responsables de integrar una asociación ilícita que, bajo la fachada de una congregación religiosa, sometió a decenas de fieles a explotación laboral y servidumbre durante casi medio siglo. La decisión incluyó una reparación económica fijada en 2.170.467.831,20 pesos para 27 víctimas y el decomiso de un patrimonio que abarca 46 inmuebles, vehículos y dinero en distintas monedas.

Penas y figuras penales

La condena más alta recayó sobre Eva Petrona Pereyra, a quien los jueces consideraron jefa u organizadora de la asociación ilícita y coautora de los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada. La pena fue de 24 años de prisión. En el mismo tramo de la escala penal se ubicaron Rigoberto Ismael Mora Bogado, con 21 años, y otros siete acusados que recibieron 18 años, cifras que coincidieron con lo requerido por el fiscal general Alberto Gentili.

En los casos de Víctor Abraham Ayunta y Damaris Fernanda Sabich, el tribunal resolvió condenas únicamente por asociación ilícita y absoluciones por trata agravada y reducción a la servidumbre, un punto que seguramente formará parte de los recursos que se anuncien en los próximos días.

El mecanismo de sometimiento, según la acusación

Durante el debate quedó acreditado, según Gentili, que la organización desplegó un sistema de sometimiento sobre personas en situación de vulnerabilidad. El mecanismo combinaba trabajo explotado, aislamiento, vigilancia permanente y sanciones disciplinarias. La fiscalía también describió restricciones a los vínculos personales y a la vida afectiva de las víctimas, un cuadro que los jueces tuvieron por probado para sustentar las condenas por trata con fines de explotación laboral.

La estructura funcionó, como mínimo, desde 1972 hasta el 1° de diciembre de 2020. La sede principal se ubicaba en San Justo, partido de La Matanza, y la organización contaba con anexos en distintas provincias argentinas, además de presencia en Paraguay y Brasil.

El patrimonio bajo decomiso

El fallo ordenó el decomiso de 46 inmuebles distribuidos en Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Tucumán y Río Negro. También incluyó 12 vehículos y el dinero secuestrado en pesos y moneda extranjera. Como medida complementaria, el tribunal dispuso la subasta de otros 15 automotores, una instrucción que había sido ordenada durante la etapa de instrucción de la causa.

Lo que quedó fuera del veredicto

El tribunal declaró la prescripción de determinados hechos que perjudicaron a nueve personas y absolvió a Pereyra de una acusación por abuso sexual, extremos que ya habían sido planteados por las defensas a lo largo del debate. La próxima instancia procesal será la lectura íntegra de los fundamentos, paso previo a los recursos que las partes podrían presentar ante instancias superiores.