Un proyecto en el Congreso propone gravar los CEDEARs nuevos y permitir vender plazos fijos largos antes del vencimiento
La iniciativa cambia el tratamiento fiscal de los CEDEARs comprados desde el 31 de octubre de 2026 y crea un certificado negociable para depósitos a un año o más.

Un proyecto ingresado al Congreso de la Nación modifica las reglas de dos instrumentos de ahorro que hoy usan muchas personas para invertir por fuera del sistema bancario tradicional. Por un lado, los CEDEARs dejarían de estar exentos del impuesto a las Ganancias sobre la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Por el otro, los plazos fijos de largo plazo podrían negociarse en el mercado antes de su vencimiento, lo que cambia la forma en que el ahorrista accede a su dinero.
¿Qué cambia con los CEDEARs?
Los CEDEARs son certificados que permiten comprar desde la Argentina acciones de empresas que cotizan en mercados del exterior. Hasta ahora, la ganancia obtenida entre la compra y la venta estaba exenta del impuesto a las Ganancias. Con el nuevo esquema, esa diferencia tributaría para los certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el activo subyacente tampoco esté exento cuando se compra directamente.
Las tenencias anteriores a esa fecha no quedarían afectadas. Además, los dividendos provenientes del exterior ya estaban gravados, de modo que el cambio alcanza específicamente al resultado de la compraventa.
¿Cómo funcionan los plazos fijos negociables?
Quien constituya un depósito a 365 días, o a un plazo mayor que establezca el Banco Central, recibiría un certificado que podría negociarse en Bolsa. Si esa persona necesita el dinero antes del vencimiento, puede vender el certificado a otro inversor. El proyecto aclara que no se trata de una precancelación: el precio lo fija el mercado y puede quedar por encima o por debajo del capital originalmente depositado. Es, en definitiva, una opción de liquidez y no una garantía de recuperar lo invertido.
Para los comercios, la reforma prevé una vía para adelantar cobros de ventas con tarjeta. Cada operación autorizada generaría un título electrónico que el negocio podría vender en mercados regulados para recibir los fondos antes de su acreditamiento habitual. El costo sería un descuento sobre el monto, similar al de los servicios de anticipo que ya existen, aunque con más competidores en juego. El objetivo declarado es que el comercio chico acceda a mejores condiciones.
¿Cuándo podrían aplicarse estas medidas?
Todo el paquete necesita la aprobación del Congreso para entrar en vigor. Algunas medidas podrían aplicarse de inmediato tras la promulgación, mientras que otras tienen plazos de implementación de hasta 360 días.
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