El poder de compra de los salarios privados registrados muestra dos lecturas opuestas según el período que se tome como punto de partida, una ambigüedad que vuelve inseparable el análisis de la dinámica inflacionaria de fines de 2023. Cuando la comparación arranca en enero de 2024, los sueldos acumularon una mejora real del 9 por ciento frente al índice general de precios; cuando se incluye diciembre de 2023 en el cálculo, la variación se vuelve negativa y arroja una pérdida del 3,6 por ciento. Los salarios públicos, en cambio, pierden terreno en los dos escenarios analizados, con caídas reales de entre el 0,7 y el 16,5 por ciento.

La diferencia entre ambas mediciones responde, en lo esencial, al salto inflacionario de diciembre de 2023, cuando el índice mensual trepó al 25,5 por ciento y dejó una huella significativa en cualquier acumulado que pretenda describir el período posterior. Al incluir ese mes, el incremento de precios ronda el 320 por ciento; al excluirlo, se reduce a 234,7 por ciento. Esa brecha de alrededor de 85 puntos porcentuales es la que explica que un mismo indicador pueda leerse como mejora o como pérdida, y la que obliga a tener presente la ventana temporal antes de cualquier lectura optimista o catastrofista sobre la evolución del salario.

¿Cuánto pesa cada gasto fijo en el presupuesto real?

Pagar la vivienda, los servicios y el transporte puede llevarse una parte mayor del sueldo incluso cuando el ingreso acompaña la inflación promedio, porque esos rubros acumulan aumentos muy superiores al índice general. En la comparación que toma enero de 2024 como inicio, los precios registran una suba acumulada del 234,7 por ciento, mientras que vivienda, agua, electricidad y gas trepan cerca del 530 por ciento y el transporte lo hace en torno al 274 por ciento. El resultado para cada hogar depende entonces no sólo de cuánto creció su ingreso nominal sino, sobre todo, de cuánto destina a esos gastos fijos y de cómo se distribuyen sus consumos, una fotografía que el promedio salarial no captura por sí solo.

La dinámica es todavía más marcada para los asalariados informales, donde los datos del INDEC muestran mejoras reales de entre el 85 y el 115 por ciento. El dato, como una recuperación contundente, debe leerse con cautela: ese grupo, que representa más del 44 por ciento de los asalariados, partía de ingresos muy deteriorados, de modo que los porcentajes expresan una recomposición desde niveles bajos más que una convergencia con los ingresos formales. El contraste con los trabajadores registrados privados, cuyo piso de protección institucional es mayor, pone en perspectiva los guarismos agregados.

¿Qué miden, y qué dejan fuera, los indicadores salariales?

• El RIPTE releva remuneraciones brutas de empleados formales con más de 13 meses de antigüedad, por lo que excluye a los trabajadores más recientes y a todos los no registrados, un recorte que tiende a sobreestimar la recuperación promedio del universo asalariado.
• El Índice de Salarios del INDEC distingue entre empleo privado registrado, público e informal, lo que permite contrastar trayectorias pero no captura la heterogeneidad interna de cada segmento ni los cambios de composición.
• El SIPA registra más de 240.000 puestos privados perdidos durante el período analizado, una dimensión que queda fuera de cualquier comparación salarial y que recuerda que la foto de los ingresos no describe la situación laboral en su conjunto.

La evolución del sueldo tampoco describe por completo la situación laboral, porque más de 240.000 puestos privados formales se perdieron en el período analizado según el Sistema Integrado Previsional Argentino, una sangría que ningún índice de remuneraciones puede compensar por sí sola. La mejora del 9 por ciento medida contra enero de 2024 convive, así, con un mercado laboral que redujo su masa de empleo registrado, una combinación que relativiza el optimismo del promedio y reclama mirar la composición antes que el número. Entre los asalariados informales, la recomposición del 85 al 115 por ciento se produce sobre un piso particularmente bajo y en un segmento que carece de la protección institucional del empleo formal, de modo que la mejora estadística coexiste con condiciones de trabajo que el indicador no recoge. Para los públicos, las pérdidas reales de entre el 0,7 y el 16,5 por ciento según la ventana muestran un deterioro que ningún recorte temporal alcanza a disimular y que afecta con fuerza desigual a cada jurisdicción y a cada tramo de la escala. La consecuencia es que, aun cuando el salario promedio le gane a la inflación, la capacidad de compra efectiva de cada hogar queda definida por la canasta que efectivamente consume y por la proporción de ingresos que destina a los rubros que más se dispararon. Falta, en definitiva, que el debate salarial incorpore la composición del gasto de los hogares y la magnitud del empleo perdido, dos dimensiones que el índice general no resuelve y que resultan decisivas para evaluar de manera honesta quién ganó y quién perdió en estos meses de inflación todavía elevada.