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Viernes, 16 de octubre de 2026
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La canasta básica de los jubilados argentinos rozó los 2,1 millones de pesos y quintuplica el haber mínimo con bono

Un relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología determinó que una persona mayor necesita en octubre 2.090.646 pesos para cubrir sus gastos esenciales, mientras que la jubilación mínima con refuerzo alcanza los 505.748 pesos. Medicamentos, salud, alimentos y vivienda concentran cerca de dos tercios del presupuesto.

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Rodrigo IriarteEconomía · · 4 min de lectura
La canasta básica de los jubilados argentinos rozó los 2,1 millones de pesos y quintuplica el haber mínimo con bono

Rodrigo Iriarte, Economía — El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) suele aportar la referencia ineludible para dimensionar el costo de vida en la Argentina, y en esta oportunidad la comparación más elocuente no proviene de la Canasta Básica Total que difunde el organismo, sino de un relevamiento específico para adultos mayores que arrojó resultados llamativos: la canasta de octubre de 2026 se ubicó en 2.090.646 pesos mensuales, una cifra que cuadruplica con holgura el haber mínimo previsional, fijado en 505.748 pesos una vez contabilizado el bono extraordinario que perciben los beneficiarios de menores ingresos. La distancia entre ambos montos, traducida a términos de cobertura, equivale a señalar que la jubilación mínima apenas alcanza para solventar menos de la cuarta parte del presupuesto estimado como necesario para que una persona mayor cubra sus consumos habituales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, las regiones que contempla el estudio elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología.

La composición de esa canasta revela dónde se concentran los esfuerzos de los hogares encabezados por adultos mayores. Medicamentos y atención de la salud encabezan los rubros con un requerimiento de 518.708 pesos mensuales, una cifra que, considerada de manera aislada, ya excede en casi 13.000 pesos el ingreso total de un jubilado con haber mínimo y bono. En segundo lugar se ubica la alimentación, con 457.742 pesos, seguida por la vivienda, con 364.969 pesos. Esos tres componentes reúnen en conjunto 1.341.419 pesos, equivalentes a aproximadamente dos tercios del total calculado, lo que confirma el peso determinante que estos consumos tienen en la estructura de gastos de la población de la tercera edad y explica por qué cualquier incremento en los precios de los medicamentos o en los alquileres impacta con especial crudeza sobre este segmento.

La brecha con el mismo mes del año anterior se amplía al 38%

La variación interanual (comparación con el mismo mes del año anterior) constituye otro indicador que surge con claridad del informe: en octubre de 2025 la misma canasta tenía un valor de 1.514.074 pesos, de modo que el incremento acumulado en los últimos doce meses alcanza el 38%, muy por encima de la inflación general que difunde el INDEC. Frente al registro de marzo de 2026, en tanto, la suba llega al 14,58%, lo que evidencia una aceleración del costo de vida específico de los adultos mayores en el segundo semestre. Los analistas del mercado previsional consultados en forma habitual por este medio venían advirtiendo que la dinámica de los precios de los medicamentos para enfermedades crónicas y de los alimentos de consumo frecuente en los hogares de mayores tiende a ubicarse por encima del promedio general, y los números del relevamiento parecen confirmar esa lectura.

El trabajo de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología toma como referencia las pautas metodológicas de la canasta familiar del INDEC (la estructura de consumo que el organismo utiliza para medir la pobreza y la indigencia), pero incorpora ajustes específicos para la población de edad avanzada. En el rubro salud, por ejemplo, se contemplan distintos medicamentos y los descuentos vigentes en farmacias de acuerdo con la obra social a la que pertenezca el beneficiario, un factor relevante dado que muchos jubilados cuentan con cobertura del PAMI (la obra social nacional para personas mayores). En vivienda, el relevamiento incluye las tres situaciones más frecuentes: propietarios que pagan expensas y servicios, inquilinos que abonan alquiler y residentes en pensiones, lo que otorga al cálculo una amplitud que pocas veces se observa en mediciones de este tipo.

El contraste con otros beneficios previsionales refuerza el diagnóstico. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, que administra la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), se ubican en 375.023 pesos, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a quienes no cuentan con aportes suficientes, llega a 418.598 pesos una vez sumado el bono. En ambos casos, los montos tampoco logran cubrir el costo estimado únicamente para medicamentos y salud, un dato que ilustra la profundidad de la brecha entre los ingresos disponibles y las necesidades efectivas de este sector de la población.

Qué expectativas manejan los analistas para los próximos meses

El cuadro de situación que surge del relevamiento de la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad se inscribe en un contexto más amplio que el mercado sigue con atención. La dinámica de los precios de los medicamentos para enfermedades crónicas, el impacto de los ajustes tarifarios sobre los servicios de vivienda y la evolución de los alquileres en las principales ciudades del país constituyen variables que, según los analistas consultados, podrían sostener la presión sobre la canasta de los adultos mayores durante los próximos meses. La expectativa predominante en el ámbito previsional es que, de no mediar incrementos sustanciales en los haberes o una recomposición específica del bono extraordinario, la distancia entre los ingresos de los jubilados de menores recursos y el costo real de su subsistencia tienda a ampliarse en lugar de reducirse, un escenario que las mediciones de organismos especializados como la Defensoría y la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología seguirán documentando con periodicidad.

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Rodrigo IriarteEconomía

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